Nota editorial

Fecha: 21/06/2007
Fuente: EL UNIVERSAL Sección: Finanzas Página (s):
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Aduanas, sin cabida en la propuesta

Autor: Francisco Rosas



La iniciativa de reforma fiscal que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión no consideró el tema de las aduanas, admitió el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo.

Al término de una reunión con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), el funcionario federal reconoció que por el momento no se ha hablado sobre una mayor modernización del sistema aduanal del país ni tocado el tema de impuestos en ese rubro.

Según la Secretaría de Hacienda, en marzo pasado se dio a conocer un acuerdo para mejorar la infraestructura y tecnología de las aduanas, así como darle seguimiento a la operación aduanera y un mayor monitoreo a las actividades ilícitas.

Óscar Moreno, director ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), expresó que las aduanas en México son un verdadero dolor de cabeza para los transportistas.

Expuso que en muchas ocasiones los transportistas tardan hasta cinco horas en los cruces fronterizos con Estados Unidos.

Por otra parte, José María Zubiría Maqueo, titular del Servicio de Administración Tributaria, comentó que la iniciativa de reforma fiscal enviada al Congreso de la Unión tiene como objetivo aumentar la recaudación y combatir la evasión de impuestos.

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Fecha: 21/06/2007
Fuente: T21.BIZ Sección: Boletín Página (s):
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Beneficia a empresas nueva nomenclatura arancelaria

Autor: Hugo Iván Domínguez


La nueva nomenclatura arancelaria comprendida en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación beneficiará a las empresas que incursionen en el comercio exterior, sobre todo para aquellas que manejan productos que pueden considerarse como peligrosos.

Así lo consideró el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México (AADAM), Virgilio Antonio Vallejo, quien explicó que las empresas importadoras y exportadoras tendrán mayores facilidades para realizar la clasificación arancelaria de sus productos.

La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer en días pasados la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la cual busca actualizar la nomenclatura arancelaria mexicana a los estándares internacionales.

Dicha ley entrará en vigor el 1 de julio próximo, y está integrada por mercancías comprendidas en 12 mil 450 fracciones arancelarias.

Los 98 capítulos prevén mercancías como animales vivos, peces; tableros de madera, pieles y sus manufacturas; papel y cartón; tecnología de la información, telefonía, televisión y otras manufacturas electrónicas, así como juguetes.
De acuerdo con Antonio Vallejo, las nomenclaturas actualizadas no afectarán las operaciones de comercio exterior.

Dijo que las reformas competen al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual comenzó a aplicarse en otros países desde el primero de enero de este año.

En el caso de México, apuntó, la Organización Mundial de Aduanas ofreció un periodo de gracia para acoplarse a las nuevas clasificaciones, las cuales entrarán en vigor en julio.

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Fecha: 21/06/2007
Fuente: EL FINANCIERO Sección: Economía Página (s):
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Inusual revocación de OMC a México por antidumping

Autor: Ivette Saldaña



El fallo que emitió la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de México, al pedirle que "revoque" por completo las medidas antidumping a la tubería guatemalteca, no sólo cuestiona la sanción, sino que pone de manifiesto que la investigación que realizó nuestro gobierno para determinar si había o no prácticas desleales, no se apegó en su totalidad a los lineamientos internacionales.

En el Informe Final del Grupo Especial de la OMC en torno al caso se expone: "Hemos constatado que México no ha actuado de manera compatible con las obligaciones que le corresponden respecto de muchas de las etapas de la iniciación y la realización de la investigación" por dumping.

Asevera que el estudio que realizó México en 2002 y 2003, no se apegó a las disposiciones del Acuerdo Antidumping, ya que "una autoridad investigadora imparcial y objetiva no hubiera podido determinar correctamente, basándose en las pruebas y en la información disponibles en el momento de la iniciación de la investigación".

Esta declaración final de la disputa que sostuvo nuestro país con Guatemala por el cobro que se le impuso a la tubería procedente de ese país, fue dada a conocer el pasado día 8, más de dos años después de que la nación centroamericana pidió ante la OMC celebrar consultas con el gobierno mexicano, a fin de buscar una solución negociada.

El jurista Ricardo Ramírez, de la firma Thatcher Proffitt, afirmó que el hecho de que "el grupo especial haya sugerido la revocación de la medida no es usual, ya que por lo regular sólo hacen recomendaciones; además, la OMC ve irregularidades en el proceso".

Grupo especial

Según el Informe Final del Grupo Especial, del cual tiene copia EL FINANCIERO, la OMC asegura que la investigación que realizó el gobierno mexicano sobre la existencia de prácticas comerciales desleales en las importaciones de tuberías de acero negras y galvanizadas procedentes de Guatemala, es "incompatible" porque se tuvieron errores de inicio.

Entre éstos el utilizar, "sin justificación suficiente", datos sobre el daño limitados a tres periodos semestrales de los años 1998, 1999 y 2000.

Caso parecido a lo que ocurrió con la resolución de la OMC en el panel de controversia entre Estados Unidos y México en torno al arroz, donde no sólo se pidió a nuestro gobierno el realizar nuevamente la investigación, sino también que modificara la Ley de Comercio Exterior.

En esta ocasión, la OMC detectó nuevamente que nuestro país no realizó la investigación apegada al acuerdo internacional, por lo que le pidió "revocar" la sanción que le impuso a las importaciones procedentes de la firma Tubac, al establecer un impuesto antidumping que va de 3 a 26.59 por ciento.

Tal controversia tuvo inicio cuando en marzo de 2002, México impuso derechos antidumping a la tubería de acero estándar y galvanizada de Guatemala, a raíz de que la empresa mexicana Hylsa solicitó en mayo de 2001 el comenzar una investigación contra los guatemaltecos, por considerar que el producto lo vendían en México por debajo de su costo real.

De ahí que el gobierno mexicano realizó la investigación y dio el fallo definitivo el 13 de enero de 2003, cuando impuso derechos antidumping de 25.87 por ciento a toda la tubería de acero procedente del país centroamericano.